Una denuncia por malversación de caudales públicos y defraudación al Estado impacta sobre Eduardo Grinberg, el presidente del poderoso Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.

La demanda fue presentada por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, una ONG que impulsó denuncias contra distintos funcionarios públicos de diferente signo político que en varios casos tuvieron fuerte repercusión.

El escrito apunta al manejo de un millonario presupuesto -para 2019, tuvo asignado un $990 millones- que ejecuta el organismo encargado de controlar las cuentas del gobierno de la provincia y de los 135 municipios.

Vidal modifica la estructura del Tribunal de Cuentas y pone en jaque el poder de Grinberg

La denuncia ya tuvo impacto dentro del organismo. Para el jueves estaba previsto una firma de convenio que iban a firmar Grimberg y el procurador Julio Conte Grand. Este miércoles trascendió que el evento quedaba suspendido.

El tribunal es temido por todos los intendentes y funcionarios del gobierno provincial. Es que un fallo adverso de esa institución puede ser el puntapié para una causa judicial, aunque sea una falta mínima.

Según publicó Letra P, el primero de los pasos que recorrerá el expediente es un dictamen de la fiscalía que deberá analizar si corresponde iniciar una investigación en torno al planteo. La denuncia será girada al fiscal Jorge Di Lorenzo. En caso que el funcionario estime que hay presunciones de algún ilícito, el expediente será girado al Juzgado Federal 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak.

Se jubiló uno de los vocales y el Tribunal de Cuentas quedó sin quórum

El Tribunal está conformado por una presidencia -a cargo de Grimberg desde 1987- y cuatro vocalías: dos encargadas de auditar los municipios, una que controla las reparticiones autárquicas y otra que controla la administración central.

La denuncia, a la que LPO pudo tener acceso, pide que se investigue a Grinberg por malversación de caudales públicos, defraudación al Estado, abuso de poder, violación a los deberes de funcionario público y negociación incompatible con el ejercicio de la función pública.

El texto destaca que Grimberg coaccionaría a distintos municipios que incurren en una falta acercando una nómina de empresas para que sean contratadas a cambio de que no exista una persecución penal y administrativa.

También acusa a las formas de conducir el tribunal por parte de Grimberg. Y remarca la existencia de varias denuncias en su contra referido a cinco personas que son de su entorno más cercano: el contador Carlos Basile; su esposa Susana Klurfan; su hijo Ignacio Grimberg; la esposa de su chofer María del Carmen Arias y su profesor de yachting Diego González.

Sobre Basile, la denuncia plantea que fue nombrado "a dedo" por Grimberg fuera de todo procedimiento interno, desconociendo el procedimiento de selección de personal afectando la garantía de independencia reconocida a los miembros del tribunal.

El texto también plantea que habría una paulatina transferencia de fondos presupuestarios al área de la presidencia del Tribunal en desmedro de las vocalías.

Como ejemplo destaca también que Grimberg se quedó con el control de la secretaria de Auditoria Financiera y Proyectos de Inversión, Secretaria de Consultas y Dictámenes y la Secretaria de Actuaciones y Procedimientos.